Escribe Xavier Vidal-Folch en El País.com–El mundo aprieta contra los paraísos fiscales y el dinero sucio. La Unión Europea y el G-20 se juegan el prestigio. ¿Podrán, o se quedarán a medias? Es una lucha contra un flujo monstruoso, cerca de 23 billones de euros negros y mutantes, más del 10% del PIB mundial, que se trasladan por el orbe en nanosegundos, sin control ni reglas, que no pagan impuestos, que provienen en un tercio del narcotráfico y otros crímenes, que contaminan cuanto tocan. Que irritan a los contribuyentes que sí contribuyen. Y que tienen dueños y padrinos poderosos: los poderosos.

Una cumbre europea discutirá el miércoles cómo acabar con el —ya residual— secreto bancario, que facilita la evasión fiscal, la elusión fiscal y la huida de capitales, esa tríada de conceptos concomitantes, pues ya dijo el ex ministro británico de Hacienda Denis Healey que “la diferencia entre evasión y elusión fiscal es el grosor de una pared de cárcel” (Treasure Islands, Nicholas Shaxson, Palmgrave, Nueva York, 2011). Traducido: un gran fraude fiscal es siempre delito.

Bruselas calcula que ese agujero negro fiscal cuesta al año un billón de euros a los europeos. Pretende que gracias a una nueva directiva, los 27 Gobiernos compartan automáticamente toda la información sobre todas las “fuentes relevantes” de ingresos, incluyendo como novedad lo esencial que se escapaba: dividendos, rentas de capital y royalties.

Veremos, porque si entre los exentos Luxemburgo cede, Austria se resiste panza arriba y las finanzas británicas tiemblan. Veremos, porque la primera directiva sobre el ahorro —o sea, sobre el capital—, que instauró en 2003 un régimen automático (sin petición de parte) de información mutua entre los Gobiernos, limitado a los intereses recibidos por personas físicas, y con tres países exceptuados, había tardado nada menos que 14 años en suscitar la unanimidad de los socios (Directiva 2003/48, DO, 3 de junio).

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