Las grandes entidades se debaten entre cobrar directamente por el asesoramiento o mantener su modelo no independiente en un contexto en el que surgen cada vez más ‘robo advisors’ y EAFIs.

La Directiva europea MiFID II, que entró en vigor el pasado mes de enero, tiene en su ADN la necesidad de dotar de una mayor transparencia a las empresas de servicios de inversión, además de reforzar la protección del inversor y ello obliga a hacer no pocas modificaciones en lo que respecta a los modelos de negocio de las entidades financieras. Una de las que más se ha hablado es la limitación que impone en cuanto a las retrocesiones -comisiones que los distribuidores se cobraban de las gestoras-, que solo se permitirán en los servicios de ejecución, siempre que se ofrezca una amplia gama de productos de terceros, y de asesoramiento no independiente a cambio de que se ofrezca algún tipo de valor añadido. La gestión discrecional de carteras, eso que tanto están ofreciendo ahora los bancos, y el asesoramiento independiente se quedan fuera, y de ahí que uno de los sectores que vayan a verse más afectados sea el de banca privada, al que se le presupone cierta independencia a la hora de seleccionar los activos donde invierten sus clientes más adinerados.

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