El campo está que arde y los agricultores, indignados, amenazan con extender esas llamas. A la falta de medidas y ofrecimientos recurrentes que les vienen haciendo desde hace años para paliar el problema endémico de precios bajos en origen que no cubren los costes de producción, se ha juntado otros factores que han desencadenado la tormenta perfecta en la agricultura española.

La subida del salario mínimo, la adversa climatología con gota fría y borrascas, los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, la subida de pólizas de los seguros agrarios y, de remate, las cargas policiales contra los productores que se manifestaron en Don Benito (Badajoz) el pasado 29 de enero han sido el detonante que ha colmado el vaso de la paciencia de un sector muy castigado y demonizado en su actividad.

«Queremos políticas de precios justos y poder vivir de la agricultura, no de las subvenciones», asegura Miguel Blanco, que considera que resulta paradójico que «se esté hablando de la “España vaciada” y de cómo hay que llenarla y, por el contrario, están haciendo todo lo contrario con estas medidas que van en contra del trabajo del agricultor y que le le asfixian en el ejercicio de su profesión».

En estos últimos días, los afectados están teniendo numerosas reuniones con el Ministerio de Agricultura para intentar atajar los problemas que azotan al sector. De momento, casi todas las medidas propuestas por el ministro del ramo, Luis Planas, son a medio y largo plazo. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA coinciden en que en este momento el campo necesita decisiones de choque inmediatas. «Nuestro objetivo es el diálogo, no las movilizaciones, pero hay que hacer algo urgente», se queja el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

Venta a pérdidas

El principal problema de la agricultura y la ganadería desde hace décadas es el de los bajos precios por debajo de los costes de producción, que terminan por hacen inviables las explotaciones. El ministerio asegura que tomará cartas en el asunto y para ello propone reformar la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir que el productor sea siempre la parte más débil y sin ninguna capacidad de presión frente a los intermediarios como la industria o la distribución.

El problema de la reforma de la cadena alimentaria es complejo, ya que hay que implicar a numerosos actores. Blanco se muestra esperanzado, pero cauteloso, ya que habrá que ver cómo se articula y se plasma, ya que otros sectores como industria y distribución son también parte implicada. «No tenemos la seguridad de que estas reformas se concreten definitivamente y se queden a medio camino», afirma.

El SMI, la puntilla

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es, a juicio del presidente de Asaja, Pedro Barato, «la puntilla para el sector agrario, ya que desde 2018 se ha incrementado un 43% cuando la renta agraria ha caído un 9% el pasado año». Esta medida, que afecta a su vez a las cotizaciones a la Seguridad Social, puede ser «nefasta en sectores tan dinámicos con mano de obra permanente como el olivar o las frutas y hortalizas». Sectores como el del tomate requieren mucha mano de obra y tienen poco margen comercial, y el salario del trabajador supone el 45% del coste de producción, asegura José María Pozancos, director general de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas (Fepex). La anterior subida del SMI ya ha supuesto un aumento de costes salariales y de Seguridad Social de entre un 7 y un 22%. Solo en diciembre, los precios del tomate cayeron un 18,4%, añade Pozancos.

Entre los costes derivados de la actividad, además de gasóleo, fertilizantes, herbicidas y fitosanitarios, destaca uno que preocupa a los agricultores por la discriminación que se hace de uso como es el regadío. No se comprende, según el secretario general de COAG, que el agricultor tenga que pagar el término de potencia durante todo el año cuando lo habitual es que ese riego se circunscriba a cuatro o cinco meses. «Es necesario involucrar a las compañías energéticas y estas no están por la labor, indica.

Desastres naturales

El clima tampoco parece querer dar una tregua al agricultor y por tercera campaña consecutiva los desastres naturales se han cebado con los cultivos. Primero fue gota fría del pasado septiembre , que anegó miles de hectáreas en Comunidad Valenciana. Murcia, Albacete y Almería, cebándose con las plantaciones de cítricos, uva y hortalizas, con un coste aproximado de entre 500 y 600 millones de euros. Y para remate la borrasca Gloria, que ha sacudido toda la costa mediterránea y ha terminado de arrasar lo que no consiguió la DANA. Solo en la Comunidad Valenciana, AVA-Asaja calcula 62 millones de pérdidas solo en Valencia. Invernaderos arrasados, 132.000 toneladas de fruta tiradas al suelo y el resto inservible debido a los golpes de las ramas y el exceso de humedad. En Cataluña, los arrozales del delta del Ebro desaparecieron literalmente, con cuantiosos daños en el Maresme y en el Bajo Ampurdán. Y Murcia volvió a quedar inundada.

Aceite: un titán herido

El sector del aceite de oliva no levanta cabeza desde hace unos años. Es junto con frutas y hortalizas y vino, el más importante sobre el que se sustenta la agricultura española, siendo una referencia mundial. Somos el mayor productor (25% del total) y el de más calidad del mundo.

La continua caída del precio en origen (de 3,4 €/k en enero de 2017 a 1,85 €/k del mismo mes de 2020) se debe a varios factores. El principal es el récord histórico de 1,8 millones de toneladas de producción en la última campaña, pero sin perder de vista el consumo mundial «que se encuentra estancado, así como las ventas en España», asegura el director gerente de Asoliva, Rafael Pico. La solución a medio plazo -estima- está en « invertir más dinero en campañas de promoción que estimulen el consumo de los aceites de oliva tanto en el resto del mundo como en nuestro país». A juicio de Pico existe mucha capacidad para hacerlo, ya que la ingesta de aceite de oliva en el mundo es solo un 3% en el conjunto de aceites y grasas y aboga por que esta promoción se haga a través de la interprofesional. En cuanto a la extensión de norma es de 6 euros por toneladas y el sector pide subirla a 30 euros. Destaca que los aranceles de Estados Unidos han hecho mucho daño, especialmente a la aceituna de mesa.

En relación al aceite de oliva, los aranceles afectan a todas las categorías, especialmente al virgen extra, que es donde está la gran venta. «Con un arancel del 25% no podemos exportar 60.000 toneladas desde España e Italia, y otros países que exportan a EE.UU. dejan de comprarnos otras 100.000 toneladas». Si el 15 de febrero, la Administración Trump amplía el arancel a la importación de granel, el problema se complicará mucho más. En este sentido, la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, Teresa Pérez, reconocía a Carlos Manso que siendo EE.UU. el principal mercado fuera de la UE, «nos están sacando de él, vamos a un nuevo escenario de creación de envasadoras, que comprarán cualquier aceite independientemente de su origen».

Poco margen en hortofrutíco

Frutas y hortalizas es el otro peso pesado más damnificado. Los altos costes de producción debido a su carácter intensivo, especialmente en invernadero, contrasta con la poca capacidad de negociación que tienen, ya que los precios se deciden en los mercados internacionales, destaca el director gerente de Fepex.

El tomate, estaría entre los más perjudicados al tratarse de un producto es estratégico sobre el que se complementan los demás sectores. Tiene una feroz competencia por parte de los Países Bajos y, especialmente, de Marruecos, que cultiva, no solo sin los estándares de calidad y fitosanitarios exigidos en la UE, sino que incumple sistemáticamente el contingente preferencial que tiene (285.000 toneladas) y ya va por 500.000 toneladas, dada la aquiescencia de Bruselas y a pesar de las protestas de los productores, no solo españoles sino franceses e italianos.