La decisión de Pedro Sánchez de desgajar de Trabajo las áreas de Seguridad Social y Migraciones y componer con ellas un nuevo ministerio fue estudiada con detalle por el presidente del Gobierno con el objetivo de guardar a buen recaudo el presupuesto de las pensiones públicas, una factura superior a 150.000 millones de euros anuales. Sánchez dejó en manos socialistas esta factura y cedió Trabajo a su aliado en el Gobierno, que designó como titular a Yolanda Díaz. Una decisión que en la práctica ha generado un caos de gestión en el departamento que dirige José Luis Escrivá, un reconocido técnico procedente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que aún tiene pendiente completar su equipo en un ministerio cargado de problemas.

Al dividirse Trabajo, lo que se visualiza es que una cosa es el empleo y otra distinta las pensiones, cuando estas se financian, precisamente, con las cotizaciones que pagan los trabajadores. En la práctica se ha roto la integridad de un departamento en materias como la inspección de trabajo, que entiende de asuntos que tienen que ver indistintamente con ambas carteras, como la contratación fraudulenta, la salud laboral o aquellas normas relacionadas con las altas y bajas de los trabajadores, además del control de las cuotas de la Seguridad Social. Resulta extraño también haber separado el actual SEPE (que gestiona las políticas activas de empleo y el pago de las prestaciones) del sistema de pensiones, cuando las cuotas que pagan los trabajadores por desempleo son consideradas cotizaciones de la Seguridad Social.

La segregación de competencias ha generado una maraña difícil de descifrar. Escrivá se ha tenido que enfrentar a este descontrol de la gestión, agravado por problemas de gran peso sin resolver en la agenda, como la reforma de las pensiones o la piedra en el camino puesta por el reciente traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco.

A toda esta complejidad de asuntos pendientes se une el día a día. Cuando está a punto de concluir el mes de febrero aún se desconoce cómo quedan las bases de cotización este 2020. La orden que lo regula tradicionalmente se publica a final del mes de enero y en ella se establecen los requisitos para las contrataciones. Es decir, los topes máximos y mínimos para las bases de cotización de las diferentes categorías profesionales, y sobre ellas se fija cuánto deben aportar al mes la empresa y el propio trabajador a la Seguridad Social en el régimen general. Además de actualizar los grupos que engloban a los autónomos, trabajadores del campo y del mar, con bases de cotización diferentes.  

En vigor las normas de 2019

En la práctica, el hecho de que no estén publicadas estas normas de cotización no impide que se realicen contratos, pero para ello se tienen en cuenta las cotizaciones de 2019. Es quiere decir que una vez que se publiquen los correspondientes a este ejercicio las empresas, por ejemplo, deberán actualizar todas las nóminas de sus trabajadores y ajustar cuentas con la Seguridad Social lo que, en la práctica, supondrá un enredo considerable, además de un desembolso económico por los atrasos que no todas las empresas se lo van a poder permitir. Muchas de ellas, incluso, carecen de programas que puedan actualizar las nóminas con los ajustes correspondientes, que la propia Seguridad Social deberá comunicar también. Un proceso complejo.

«No tiene sentido que el salario mínimo haya subido hasta 950 euros y tenga efectos desde el 1 de enero y las bases mínimas se publiquen en otra fecha», asegura una fuente consultada por ABC. Las bases mínimas de cotización están referencias al salario mínimo, es decir suben en la misma cuantía, un 5,5% en este caso. Una vez aplicado este porcentaje la base mínima quedará fijada este ejercicio en 1.108 euros frente a los 1.050 euros del año pasado. La nueva cuantía es el resultado de dividir el nuevo salario mínimo anual (13.300 euros) entre doce meses, que es la periodicidad con la que se pagan las cotizaciones. Si bien, el Ejecutivo deberá confirmar esta cuantía exacta y es lo que se espera con la orden de cotización que ni la propia Seguridad Social sabe concretar cuándo se publicará.

El titular de la Seguridad Social también deberá despejar si vuelve a subir las bases máximas de cotización después del 7% aplicado el año pasado (en un principio se pensó en subirlas un 10%). Es una forma efectiva y rápida de ingresar dinero en un momento de fuerte crisis en el sistema de pensiones, con un déficit de unos 18.000 millones y una deuda superior a los 50.000 millones. 

Subida de la base máxima

En el lado negativo está que volver a adoptar esta medida tiene sus riesgos, teniendo en cuenta el momento de fuerte desaceleración económica. Subir las cotizaciones supone encarecer la factura para el empresario y, por tanto, los costes laborales, lo que puede terminar afectado al empleo.

Se trata de una apuesta que, de llevarse a cabo, afectaría a algo más de un millón de trabajadores y llevaría la bases máximas de cotización a una cifra por encima de los 4.070 euros mensuales. Cuando un trabajador gana más de esa cantidad no tiene que cotizar por la cantidad que supere ese salario.

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