España tiene una asignatura pendiente cuando se compara con otros países desarrollados: la pobreza y cómo la combate. No es solo que cuando se observan las estadísticas internacionales suele aparecer mal parada, el 21,5% de la población está en riesgo de pobreza frente al 17% del área euro. Además, las políticas que implanta para corregirlo no son eficaces.

El objetivo del ingreso mínimo vital que el Gobierno va a aprobar esta semana es solucionar estos problemas, según ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá reiteradamente. Desde que se supo que el Ejecutivo pretendía tener lista su medida estrella este mayo, los grandes números han cambiado. Al principio se habló de un millón de hogares como potenciales beneficiarios en los que vivirían unos tres millones de personas, estos días se ha quedado en 850.000 familias con algo más de 2,3 millones de personas. El coste estimado, por su parte, asciende a unos 3.000 millones de euros.

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