El hundimiento de la economía española por la pandemia del coronavirus, el ruido de sables de nacionalizaciones y unos tipos de interés por los suelos han llevado a los inversores españoles a diversificar riesgos a la hora de invertir sus capitales. En este contexto, desde hace tiempo han encontrado en las diferentes criptomonedas que existen en el mercado (bitcoin, litecoin, primecoin…) un valor refugio opaco para su dinero, ajeno a la supervisión de la autoridad monetaria y gubernamental.

Con el objetivo en mente de perseguir estos virtuales paraísos fiscales, el Gobierno prepara, con un retraso de casi un año, la ley de medidas contra el fraude fiscal, en cumplimiento de la legislación comunitaria y, más concretamente, de la quinta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta nueva normativa obligará a una entidad española o a la oficina en España de una entidad extranjera a que guarde las claves de posesión y uso de monedas virtuales, a comunicar a la Agencia Tributaria el nombre de los titulares, beneficiarios y autorizados de los saldos en criptodivisas, así como de las operaciones en moneda virtual y la identidad de quienes intervienen en las mismas, el tipo y cantidad de monedas incluidas y el precio y la fecha de esa operación.

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