Las ayudas del Fondo de Solvencia de 10.000 millones habilitado por el Gobierno para rescatar a empresas al borde de la quiebra por la pandemia del coronavirus tienen unas condiciones tan duras que no sólo amenazan con echar por tierra la compra de Air Europa por Iberia, poniendo en peligro su futuro a largo plazo, sino que están espantando a otras empresas españolas, que se lo piensan más de dos veces antes de solicitarlo. Y es que, más allá de los elevados y crecientes intereses, el acuerdo de socios que deben firmar las sociedades para acceder a la financiación pública dan la tutela efectiva de la gestión de la compañía al Gobierno y abren la puerta a que éste entre en el capital si no se puede pagar en tiempo y forma, tanto si se consigue un crédito ordinario como si opta por un préstamo participativo.

 Por ejemplo, Alsea, la dueña de VIPS, solicitó información a la SEPI, que gestiona el fondo, pero no ha presentado una petición formal por las condiciones exigidas, explican fuentes empresariales. En esta línea, Celsa todavía se lo está pensado debido a las duras exigencias financieras y la posibilidad, siempre latente, de que el Ejecutivo entre en el capital. Otros empresarios del sector hotelero también se han acercado al Fondo de Solvencia para pedir ayuda al Gobierno pero han optado por acudir a los bancos vía ICO o cerrar sus establecimientos ante el galimatías que supone acceder al Fondo. Duro Felguera, la otra empresa que ha solicitado ayuda formalmente, tiene el proceso paralizado porque los bancos no quieren respaldar el plan de viabilidad y sin su complicidad, el Gobierno no quiere avanzar en el rescate.

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