La transición energética impuesta por la Unión Europea se convirtió en uno de los principales objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia está convirtiendo esa transformación en un motor de la recuperación económica, ya que España cuenta con una gran industria de energías renovables presente además en todos los continentes.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec) elaborado por el Ejecutivo, uno de los más ambiciosos de la UE, prevé que el proceso de modernización hacia una economía descarbonizada movilizará unos 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado y el 20% restante serán inversiones de las distintas administraciones públicas.

Uno de los principales vectores de este plan es el impulso de las energías renovables en la próxima década. Para 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 gigavatios (GW) -actualmente son 109 GW-, de los que 50 GW serán energía eólica (ahora casi 27 GW), 37 GW solar fotovoltaica (10 GW) y 7 GW solar termoeléctrica (2,3 GW).

Esta transición se está acelerando por la necesidad de impulsar la recuperación económica y por el plan de ayudas de la UE, que alcanza los 140.000 millones de euros. De momento, el Gobierno ya ha incluido 26.640 millones «a cuenta» en los Presupuestos de 2021 para acelerar la transición ecológica y fomentar la inversión verde. 

Menores costes

Todo esto está generando otro boom del sector de las renovables en nuestro país que está provocando un enorme interés de los inversores internacionales. Para ello influyen muy notablemente tres cuestiones: la recuperación de la seguridad jurídica en el sector que se vio muy mermada en las últimas legislaturas, la enorme liquidez que hay en los mercados y la gran reducción de los costes, sobre todo de la fotovoltaica. Por el contrario, sigue penalizando los lentos procesos administrativos.

El socio y director de la práctica de Energía e Infraestructuras de Herbert Smith Freehills, Ignacio Paz, destaca que la inversión en renovables vive «un auténtico boom. No solo en el desarrollo de proyectos, sino también en la compra de parques en operación por parte de inversores extranjeros. Nos llaman muy a menudo para entender la regulación, que es compleja, y preguntan por oportunidades».

Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, afirma que «el sector de renovables en España está despertando un enorme interés entre inversores internacionales, que están entrando tanto en la compra de activos en operación como en proyectos de construcción de nueva capacidad de producción. Nuestro país posee un gran atractivo, tanto por sus buenas condiciones de recurso renovable (sol y viento) y la disponibilidad de emplazamientos, como por los ambiciosos planes de crecimiento del sector a 2030».

Alianzas y socios

Ignacio Paz explica que «lo que buscan muchos inversores extranjeros es crear grandes plataformas para seguir invirtiendo. Lo que no tienen son equipos humanos capaces de gestionar los activos. Buscan un porfolio grande de proyectos y un equipo humano capaz de hacerlo crecer. Hay muchos fondos que están buscando estas oportunidades en España. Se verán alianzas. Por ejemplo, una gran utility española puede dar entrada a un socio minoritario que le aporte músculo financiero para seguir invirtiendo en proyectos que, al mismo tiempo, le permita consolidar el resultado de su negocio».

Este puede ser el caso de Repsol, que prevé dar entrada a un socio financiero en su negocio de renovables, valorado en entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Otra posibilidad que baraja el grupo es sacar a Bolsa una parte de este negocio.

«Los desarrollos son más arriesgados, pero es donde más rentabilidad existe. Si se buscan rentabilidades de doble dígito, hay que centrarse más en desarrollar los proyectos que en comprar proyectos en operación», dice el socio de Herbert Smith Freehills.

Y explica que «mientras las eléctricas tradicionales siguen con su modelo de desarrollo de grandes proyectos, sobre todo en tecnologías más innovadoras, como el hidrógeno, la eólica marina flotante, etc… los fondos buscan oportunidades en tecnologías más tradicionales, sobre activos que las eléctricas puedan ir rotando e incluso algunas veces sobre activos desarrollados por promotores que no siempre son las grandes eléctricas, aunque eso sí, casi siempre con todos los permisos ya conseguidos para construir (“Ready to build”). Depende del perfil de cada fondo porque hay otros que no quieren asumir riesgo de construcción y entran en proyectos que ya están operativos y generan «cash». Por el camino hay todo tipo de inversores (europeos, americanos, canadienses, asiáticos y australianos) y perfiles de riesgo».

El socio de KPMG añade que el perfil de los inversores internacionales «es muy variado, desde grandes eléctricas y compañías especialistas en renovables hasta fondos de inversión y petroleras interesadas en participar en la transición energética».

El escudo del Parlamento

Sobre la seguridad jurídica en este sector, Ignacio Paz destaca que «trabajamos con muchos inversores en nuestro despacho y, con independencia de su nacionalidad, la realidad es que todos apuestan en estos momentos por España de forma clara como una de sus jurisdicciones prioritarias en materia de renovables. El hecho de que la nueva regulación tenga su origen en una norma con rango de ley, obligaría a que, en el caso de que se quisiera cambiar, se tuviera que aprobar una nueva ley en el Parlamento. Y, actualmente, todas las formaciones políticas en España apuestan por la transición ecológica y, muy en particular, por las energías renovables».

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