Los 7.000 millones de euros en ayudas directas, ese maná para pymes y autónomos que el Gobierno central aprobó en marzo, no terminan de llegar a sus destinatarios. La liquidez que las empresas necesitan se pierde en un laberinto burocrático. Porque si bien muchas voces ya avisaban de que estas ayudas llegaban muy tarde, otras tantas alertaron de que podían quedarse en papel mojado por las condiciones impuestas por el Ejecutivo a la hora de poder acceder al dinero.

El principal problema que señalan los expertos se encuentra en la redacción del propio mecanismo, que se ha efectuado como ley de subvenciones y no como ayuda económica social directa. 

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