España propondrá a la UE no incluir la inversión verde y digital en el déficit y hacer permanente el Fondo de Recuperación
Norte-Sur, acreedores-deudores, Alemania-Francia. Los dos grandes debates de política económica de los próximos tiempos —la estrategia del BCE y las nuevas reglas fiscales europeas— reproducen ese viejo enfrentamiento, que reaparece puntualmente desde el diseño del euro, en los años noventa, convertido en una guerra de baja intensidad salpicada con episodios durísimos como la crisis del euro. Entonces Alemania ganó la partida: endureció las reglas, utilizó la disciplina de mercado cuando hizo falta y provocó una doble recesión con una sobredosis de austeridad.
Ese último arreón dejó unas reglas indescifrables —la Comisión Europea publica regularmente un vademécum para tratar de explicarlas que en su última versión tiene 108 páginas incomprensibles hasta para los propios funcionarios— y pensadas para un mundo que ha desaparecido, de tipos de interés moderadamente positivos, inflación moderadamente alta y crecimientos igualmente moderados pero sólidos. La crisis asociada al coronavirus ha acabado de hacer saltar por los aires todo eso, aunque solo sea porque las deudas públicas están muy lejos de los listones fijados en Maastricht (60% del PIB, que España más que duplica) y tardarán muchos años en volver ahí. En Bruselas hay consenso acerca de que hay que reformar las reglas. Pero el acuerdo empieza y termina en ese deseo: el Norte ha dado el primer golpe con un documento que firman ocho ministros de la UE y que básicamente busca dejar las cosas prácticamente como están, y, a la espera de las elecciones en Alemania, el Sur tiene una opinión muy distinta: Francia quiere ambición, la Italia de Draghi empuja a favor de una reformulación menos austericida, y España se sumará a ese flanco con una propuesta que se empieza a cocinar en el Tesoro y el Ministerio de Economía.