Así es la reforma laboral que desea Rajoy
Escribe Carlos Molina para Cinco Días.com–El guion que el Partido Popular prepara para sacar adelante la reforma laboral, en el caso de que sindicatos y patronal no lleguen a un acuerdo antes del 6 de enero, tiene tres grandes ejes: facilitar el descuelgue de las condiciones pactadas en los convenios colectivos, una mayor flexibilidad para cambiar los horarios o las condiciones del trabajo y la generalización del contrato de fomento del empleo, que establece un despido de 33 días por año trabajado por despido improcedente.
Estas propuestas son el esqueleto de las 71 enmiendas parciales que el Grupo Parlamentario Popular presentó durante la tramitación de la reforma laboral en 2010. La mayoría de ellas fueron rechazadas por los acuerdos puntuales del Ejecutivo con CiU y PNV. Aunque la situación económica es radicalmente diferente y ha empeorado en el último año, el próximo presidente, Mariano Rajoy, que finalmente tomará posesión de su cargo el día 21, tendrá una oportunidad de oro, si finalmente no hay acuerdo entre los agentes sociales, para llevar al BOE todas sus propuestas en material laboral.
1. Flexibilidad interna. En una de las enmiendas presentada en el verano del 2010, el PP abogaba por modificar los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, que establecen el grupo profesional y la movilidad funcional. El objetivo de la misma, tal y como argumentaron, era eliminar las barreras para que un trabajador pueda desempeñar distintas funciones dentro de la empresa. Esta petición ha sido demandada especialmente desde el sector hotelero, en el que consideran que los empleados podrían adaptarse a una serie de trabajos en función de la mayor o menor demanda de los mismos.
El segundo gran punto de este eje se refiere a la simplificación de las condiciones en las que un empresario puede proceder a la suspensión de un contrato o a una reducción de jornada por causas económicas, técnicas u organizativas. "Todo ello para permitir que las empresas y los trabajadores pueden adaptarse a las nuevas necesidades de modo que el despido sea la última opción", rezaba el argumento de la enmienda. Una de las propuestas establecía un plazo máximo de 30 días para comunicar esos cambios al trabajador. Si este no las aceptaba podía optar por rescindir su contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado o acudir a los tribunales. Esta última decisión, sin embargo, no anulaba la decisión del empresario.
