Hacia la independencia, pero sin soltar lastre. El llamado «proceso de transición nacional» emprendido por el gobierno de Artur Mas se está desarrollando sin que el Ejecutivo catalán acometa de forma decidida la promesa de simplificar la administración. Pese al adelgazamiento hecho en los últimos años, lo cierto es que la administración catalana sigue siendo un ente hipertrofiado, una macroestructura compuesta no solo por las distintas consejerías del gobierno catalán, sino por decenas y decenas de entidades autónomas, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones. Todos conforman algo así como la «cara B» de la Generalitat, consumiendo nada menos que uno de cada cuatro euros del presupuesto de la administración: 7.957 millones de un total de 29.307 de todo el sector público catalán (el 27%).

Desde el Patronato de la Montaña de Montserrat al Centro de Estudios de Opinión (el CIS catalán), desde el polémico Consejo del Audiovisual (CAC) al Servicio Meteorològico, desde la Fundación del Mundo Rural a la Agencia Tributaria de Cataluña, desde los medios públicos al Instituto de Estadística, la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges… El listado es larguísimo, hasta alcanzar las 205 entidades, una cifra abultadísima que partidos como el PP y C’s denuncian que sirve para armar una suerte de administración en la sombra de control ciertamente esquivo y que, añaden, sirve también para desarrollar políticas de gran impacto ciudadano más allá del control parlamentario.

Por contra, desde la Generalitat se presume de estar cumpliendo con el programa de simplificación administrativa. Así, el Ejecutivo catalán vocea haber suprimido 57 entidades (el 23,7% del total) entre 2011 y 2014, una cifra llamativa pero que en realidad esconde cierta trampa, dado que la mayoría son entes sin apenas entidad, cuando no directamente ya no figuraban en los prespuestos al no tener actividad.Además, se han creado cinco nuevas.

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Impacto real nulo
La cifra, por otra parte, no tiene en cuenta el impacto real en los presupuestos, ya que, como denunciaba la pasada semana la Cámara de Comercio, el recorte de entidades en 2014 apenas repercutirá en 600 millones menos.

De igual modo, esta supresión implicará una reducción de 1.394 empleos, aunque 1.225 serán recolocados dentro de la propia administración, con lo que el impacto real será de únicamente 169. A estas bajas se suman las 549 que se producirán por adelgazamiento de estructuras en el resto del sector público, con lo que la reducción total en 2014 será de 775, sólo el 0,3% del total de 222.685 empleados públicos. La reducción se hará en un 81% con personal laboral (626), un 18% con funcionarios (143) y sólo un 1% con altos cargos y eventuales (6).

Si se analiza partida a partida, la tan proclamada reducción administrativa de la Generalitat continúa arrojando cifras sorprendentes. El Consejo del Audiovisual por ejemplo se lleva este año una partida de 5,2 millones, menos que los 6,2 de 2012 (los presupuesto de 2013 se prorrogaron), pero suficiente para mantener una nómina de más de 70 empleados, incluidos media docena de altos cargos elegidos por estricta cuota entre los partidos y para los que se reservan 684.000 euros. El Instituto Catalán por la Paz se lleva 1,1 millones, algo menos que el Centro de Estudios de Opinión (1,3 millones), el Instituto de Estadística (6 millones)o el Servicio Meteorológico Catalán (4,4 millones). En comparación, lo dedicado a la Fundación del Mundo Rural (328.838 euros) parece calderilla, pero es una más del largo listado que convierte la administración catalana en el dinosaurio que muchos denuncian.

Si algunas de las partidas pueden parecer anecdóticas, otras sí conforman el núcleo duro de la política del ejecutivo de Artur Mas. Es el caso de los 225 millones de subvención a la televisión y la radio de la Generalitat, lejos de los 331 que se volcaron en 2009, pero suficientes para seguir colocando a TVC como elemento clave dentro del llamado «proceso de transición». 

Otras partidas, emboscadas dentro del presupuesto, son también definidoras de todo un programa político. Es el caso de Diplocat, el instrumento para proyectar al mundo el proceso soberanista (2,6 millones para el próximo ejercicio frente a los 1,4 del anterior) o las cinco «embajadas» de la Generalitat en el exterior (2,2 millones para 2014, el doble que en el año anterior).