El Gobierno no sacará adelante la Ley de Resolución de Conflictos de Consumo, como tenía previsto para cumplir con la legislación europea. La norma incluía crear un superorganismo de defensa del cliente de bancos, seguros y productos financieros. El Banco de España y la CNMV se han quejado de que sus resoluciones no sean vinculantes y de que las entidades condenadas solo rectifican y dan la razón al cliente en el 17% de los expedientes bancarios y en el 6% de los de Bolsa. El Ejecutivo dice que no ha podido sacar antes la ley por su complejidad.

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