Seguridad Social. El Gobierno asume los ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social y echa a rodar la reforma de las pensiones
Han sido necesarios algo más de cuatro años, divididos en hasta tres legislaturas diferentes, para que el Pacto de Toledo haya sido capaz de cerrar sus recomendaciones con la que tratar de garantizar el futuro de la Seguridad Social. Este viernes, la mesa y los portavoces de esta comisión han acordado un borrador, que todavía debe ser ratificado el próximo martes, en el que se incluyen una veintena de medidas y entre las que destacan la decisión de ligar indefinidamente las pensiones al IPC, fomentar el retraso de la jubilación y sanear las cuentas del sistema en un periodo de tres años.
La indexación de las prestaciones fue una propuesta que ya se adoptó en la anterior legislatura, antes de que Unidas Podemos hiciese saltar por los aires los acuerdos a los que el Pacto de Toledo había llegado. Ahora, y a pesar de las numerosas advertencias de los organismos internacionales sobre los desequilibrios que puede provocar, la medida se retoma, en línea con lo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado y prometido en más de una ocasión.
En los mencionados avisos, siempre se apunta que serán necesarias actuaciones complementarias de importante calado para hacer frente al fuerte desembolso. Y en ese contexto, el Pacto de Toledo apuesta por hacer que los denominados gastos impropios comiencen a ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Son, por ejemplo, el pago de determinadas prestaciones o incluso los gastos de funcionarios, y el montante total de estas partidas supera los 20.000 millones que deberán ser asumidos, de forma progresiva y en el periodo de los tres próximos años, por las cuentas. El Gobierno, adelantándose a la propuesta, ya contempla una transferencia extraordinaria de 18.396 millones en concepto de estos gastos.
Sin embargo, algunos expertos como José Antonio Herce han planteado que esto únicamente supone cambiar el problema de lugar. «Lo que estaremos haciendo es sacar el bollo del horno caliente de la Seguridad Social para meterlo en el horno ardiendo de los Presupuestos«, afirmó Herce en una reciente entrevista en este periódico.
RETRASAR LA JUBILACIÓN Y ¿ROBOTS?
El documento contiene asimismo una recomendación para fomentar el retraso de la jubilación y tratar de acercar la edad de retiro real a la legal. En España, la edad de jubilación real está por debajo de los 65 años, mientras que en la media de la OCDE ocurre justo lo contrario, esto es, que el retiro se produce después del mínimo que exige la ley.
Esta situación contrasta, además, con el hecho de que las recomendaciones internacionales, del Banco de España y del propio Escrivá apuntan a que la edad de jubilación debe acercarse a los 67 años, ya que ese permitiría aumentar los ingresos y reducir los gastos. Por ello, el Pacto de Toledo propone endurecer las penalizaciones en las prejubilaciones aunque, al mismo tiempo, emplaza al Gobierno a estudiar sobre qué colectivos se pueden aplicar excepciones.
La digitalización de la economía es otro de los puntos que se recoge en el documento y, tal como adelantó Expansión, la comisión plantea la posibilidad de que las empresas coticen por la productividad que consigue el avance tecnológico. Esto es, por las actividad de máquinas y robots. Esta medida se encuadra en lo que el Pacto ha denominado como la necesidad de «encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales», informa Europa Press.
LA VOTACIÓN, EL MARTES
Todas estas recomendaciones deberán ser refrendadas el próximo martes y el objetivo es conseguir la unanimidad de todos los partidos. En este sentido, fuentes parlamentarias apuntan a EFE que ERC podría abstenerse y que formaciones como el PP o Vox podrían emitir algún voto particular. Sin embargo, parece estar descartado una situación como la de febrero del pasado año cuando Podemos presentó una enmienda a la totalidad y provocó que decayese un borrador que estaba pactado.
Unidas Podemos no ha tardado celebrar el acuerdo en el Pacto de Toledo del Congreso al considerar que «supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013». Fuentes de la coalición de izquierdas han asegurado a Europa Press que el objetivo principal de la formación era «que el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas» y aseguran que el texto final de las recomendaciones «recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible».
El PP, por su parte, ha exigido que la reforma en el sistema de autónomos para adecuar sus cotizaciones a sus ingresos reales, y que contempla el Pacto de Toledo en la renovación de sus recomendaciones, se lleve a cabo en el marco del diálogo social y no se realice «de forma unilateral» por parte del Gobierno.
En una de sus recomendaciones, el Pacto de Toledo insta al Gobierno a iniciar un proceso de adecuación de las cuotas de los autónomos a sus ingresos reales, una cuestión en la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya trabajaba, y sobre la que ya ha trasladado a las organizaciones de autónomos una primera propuesta, informa Efe.
«Este es uno de los temas que el PP considera fundamentales para el acercamiento y la aprobación del PP de las recomendaciones del Pacto de Toledo, con la exigencia de que el Ejecutivo no proceda de forma unilateral y apruebe su inclusión en la citada Mesa de diálogo social», han subrayado estas fuentes.
