Valeriano Cotrina empezó a trabajar en el Banco Hispano Americano en 1952. Desde ese momento y hasta que se jubiló en 1993, cotizó de manera obligatoria a la Mutualidad Laboral de Banca, creada ese mismo año. Por aquellos años, como él, los trabajadores de la banca y de otras grandes empresas públicas como Telefónica, Repsol o Tabacalera aportaban (ellos y las propias compañías) mes a mes parte de sus nóminas a las mutuas para, una vez jubilados, transformar esas cantidades en una pensión. Con la llegada de la democracia, en 1978 se crea el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las mutualidades pasan a integrarse en la Seguridad Social. En consecuencia, desde 1979 las aportaciones a estas mutuas pasaron a considerarse gastos deducibles, ya que en el momento futuro del «rescate» sí debían tributar a Hacienda. El problema es que, según denuncian, entre 1952 y 1979 esas aportaciones ya pagaron impuestos sin posibilidad de deducción, volviendo a pagarlos ahora, al transformarse en pensión, produciéndose un caso de doble tributación.

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