Iberdrola y Repsol chocan por la cronificación del ‘impuestazo’ y crean un dilema al PNV
Iberdrola y Repsol lideran los dos bandos del sector en la idea de hacer permanente lo que, durante los últimos dos años, ha sido un tributo extraordinario. Según informan fuentes conocedoras, el sector energético no trabaja de forma conjunta en frenar el denominado ‘impuestazo‘ y las dos compañías con raíces vascas tratan de convencer al Gobierno y, sobre todo, al PNV.
La energética que lidera Ignacio Sánchez Galán es partidaria de convertir en estructural este tributo, tal y como recogía el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, si solo afecta a las gasistas y petroleras, según explican las mismas fuentes. Un discurso que cuenta con grandes aliados en el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y que se fundamenta en que cumple «la senda europea» para acabar con los combustibles fósiles.
Por su parte, el equipo de Josu Jon Imaz se opone de forma frontal a convertir en permanente cualquier impuesto o gravamen discriminatorio. Como detallan los conocedores de este proceso, Repsol considera que esta decisión política es una amenaza para sus inversiones ‘verdes’ y que prima a aquellas energéticas que tienen regulados frente a las que invierten a riesgo en el mercado libre.
Unas posiciones que ni Repsol ni Iberdrola han preferido valorar a El Confidencial. Esta batalla estuvo a punto de cerrarse cuando, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, se contentaba a ambas partes con un incentivo para las inversiones estratégicas ‘verdes’ o asociadas a la seguridad energética.
El PNV está «entre papá y mamá»
Esta reforma también convencía al PNV, que votó a favor. «El Grupo Vasco llegó a un acuerdo en diciembre de 2023 para integrar los gravámenes a banca y energéticas en el sistema tributario y que sean concertados o convenidos, según corresponda, con capacidad normativa, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra», contestan de forma oficial desde el PNV preguntados sobre su posición de cara a la futura votación.
Ahora, el Partido Nacionalista Vasco vuelve a estar acorralado entre lo que pide Iberdrola y lo que reclama Repsol. «Es como preguntar a un hijo si prefiere a mamá o papá en pleno divorcio», explican fuentes cercanas al partido jeltzale.
Los dos gigantes energéticos, cuya relación no atraviesa por el mejor momento, generan cerca del 11% del PIB. Los altos hornos vascos dependen de que Iberdrola siga necesitando producción para sus proyectos y que infraestructuras como la gran refinería de Petronor demanden mano de obra tanto para su actividad como para su transformación.
Empieza el cruce de declaraciones
Los Presupuestos no salieron adelante y nadie está satisfecho con este debate. El impuesto tiene que salir por el bien de la relación de los socios de Gobierno. El voto del PNV será clave para sacar adelante un acuerdo que puede dañar a Sánchez Galán, el presidente de uno de los ‘cimientos’ empresariales de Euskadi, o a Imaz, un antiguo peso pesado de los jeltzales que lidera un referente de su industria como es Petronor.
Mientras se negocia en los despachos este impuesto, las empresas empezarán a «subir el tono», como confiesan desde el sector. La temporada de resultados del tercer trimestre es el momento en que los ‘jefes’ de las grandes compañías defiendan su gestión ante los accionistas y analistas del mercado. Ninguno, por mucho que esté buscando el mejor acomodo del impuesto, mostrará sus cartas ni denunciará este atropello.
El discurso se centrará en que la decisión del Gobierno de convertir en permanente un gravamen, cuya justificación era la «excepcionalidad», solo responde a criterios ideológicos. Repsol, Iberdrola o Endesa explicarán a sus inversores que este impuesto reducirá de manera sustancial los recursos a disposición de las empresas energéticas para acometer proyectos de inversión en el corto, medio y largo plazo.
Estas compañías denunciarán que el impuesto desincentiva a las empresas con vocación de invertir y crear empleo en España. Esta tasa, según detallarán, beneficia a otras cuya actividad industrial está ubicada fuera de nuestro país y, como sucedió en 2023, alertarán de llevarse inversiones a otros mercados.
Repsol ha pagado 800 millones por este impuesto en sus dos años de vigencia, el doble que Naturgy, Endesa o Iberdrola. Cepsa, que no cotiza, no está obligada a exponer su malestar al mercado. Pero, sin duda, es uno de los grandes afectados, ya que este impuesto le llevó a números rojos en 2023 con un pago total de 560 millones. Unas cifras que surgen de pagar el 1,2% de sus ingresos en España a las arcas del Estado, sea como sea el resto de la cuenta de resultados.
