Guerras, epidemias, hambre… La Baja Edad Media vivió enormes convulsiones que causaron una profunda crisis en Europa y España. La sacudida al sistema feudal abrió las puertas de la modernidad al Viejo Continente.

Escribe Antoni Furió en El País.com–Tras varios intentos fallidos por superar la crisis de sus finanzas, la Hacienda del reino de Mallorca quebró finalmente en 1405. En los años anteriores se habían desplomado muchas bancas privadas en Barcelona, Valencia y la misma Mallorca, pero ahora no se trataba ya del hundimiento de entidades financieras particulares, sino de la bancarrota de todo un reino. La quiebra no solo obligó a consignar todos los ingresos fiscales de la isla al pago de los intereses de la deuda y a su amortización, sino que dejó en manos de los acreedores, en su inmensa mayoría barceloneses, la centralización del producto fiscal recaudado y la supervisión del pago de los intereses y de la gestión en general de la deuda pública.

No se trataba de una mera crisis coyuntural. Los problemas eran estructurales y venían de muy atrás. Treinta años antes, y solo veinte después de que Mallorca hubiese empezado a emitir deuda pública, las cuentas ya no cuadraban. Como apuntó en su día Álvaro Santamaría, de los 900.000 sueldos a que ascendían anualmente los ingresos teóricos globales, solo llegaban a recaudarse unos 660.000, mientras que el resto dejaba de percibirse por fraude fiscal o mala gestión. Para atender el desfase entre ingresos y gastos, la Hacienda mallorquina había contraído una deuda del orden de seis millones de sueldos, que obligaba al pago de intereses por un total aproximado de 600.000, es decir, la casi totalidad de los ingresos efectivos ordinarios.

En 1373, un administrador nombrado por la corona elaboró un plan de saneamiento de la Hacienda del reino que pasaba por reducir drásticamente el gasto público (adelgazando sensiblemente la nómina de salarios y gratificaciones pagados por la Administración; reduciendo el número de embajadas y misiones oficiales; limitando la inversión en obras públicas durante diez años a la conservación de las murallas, la conducción de aguas y el muelle; controlando el abastecimiento frumentario y prohibiendo la concesión de donativos graciosos con cargo a fondos públicos), fiscalizar con severidad las cuentas de la Administración pública (sometidas a auditorías, cuyos informes serían entregados a los nuevos gobernantes al inicio de su mandato anual) y amortizar la deuda en 10 años (reduciendo el tipo de interés del 10% al 8%, una moratoria de 10 años y un plan septenal de amortización).

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