La decena de trabajadores públicos consultados para este reportaje coinciden en una idea: que si algo bueno ha tenido la pandemia es que ha dejado al descubierto quiénes son, qué hacen y en qué condiciones desarrollan su actividad. Se trata de un colectivo formado por 2.598.481 empleados —de los que un 55% son funcionarios, según los últimos datos del Ministerio de Función Pública— que, con el coronavirus, encaran el desafío de gestión institucional más grande al que jamás se habían enfrentado.

Miles de médicos en la primera línea de fuego de la guerra contra el virus, funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionando la avalancha de ayudas públicas, un batallón de profesores improvisando clases a distancia para evitar que los alumnos pierdan un año… Y así casi todos los cuerpos del sector público han vivido 11 meses de vértigo.

Lo hacen, además, denunciando que su poder adquisitivo se ha recortado en los últimos años —las estimaciones más elevadas sitúan la rebaja en un 20% durante la pasada década, aunque con las recientes subidas han recuperado tres puntos en tres años—, y se enfrentan a esta fenomenal crisis sin que se haya producido un incremento de las plantillas. Todo lo contrario. Durante la última década, el número de plazas ofertadas no cubría las bajas por fallecimientos o jubilaciones en los distintos estamentos de la Administración. Aunque las dos últimas ofertas de empleo público han tratado de paliar esta sequía —en 2019 se publicaron 33.843 plazas, la cifra más alta en la historia, y 28.055 en 2020—, el contraste entre los boletines de los 10 últimos años es elocuente: hay 81.738 trabajadores públicos menos.

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