Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, y su equipo de confianza en Unidas Podemos, con Pablo Echenique a la cabeza, insisten un día sí y otro también en la necesidad de aprobar una Tasa para la Reconstrucción, que tendría un carácter progresivo y sería de aplicación en todo el territorio nacional. Gravaría la riqueza neta de los ciudadanos por encima de un millón de euros y, según las afirmaciones de los líderes morados, recaudaría unos 11.000 millones de euros.

Iglesias y los suyos no presentan ninguna memoria económica y hay coincidencia entre la inmensa mayoría de los expertos –incluidos socialdemócratas como el exministro Miguel Sebastián o José Carlos Díez, ex responsable económico del PSOE en tiempos de la gestora antes de las primarias que ganó Sánchez– en que la recaudación sería simbólica. Además, apuntan que produciría el efecto de que los auténticamente ricos, los que tienen medios para ello, deslocalizarían sus patrimonios y se llevarían su riqueza fuera de España. Sebastián incluso va más allá y sostiene que ese impuesto recaería sobre la clase media profesional.

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