Ha llegado la hora de la verdad. La prueba de fuego para las pequeñas y medianas empresas, el 99% del tejido productivo español. Tras la hibernación del estado de alarma, en la que se han comido parte de su despensa, se ponen en marcha multitud de negocios con la incertidumbre como compañera. “El verdadero problema llega ahora”, aprecia Luis Aribayos, director de Economía y Transformación Digital de Cepyme, para un 98% de pymes que han visto reducidos sus ingresos tras el azote del coronavirus, casi la mitad por falta de demanda. Un 86% de ellas temen por su supervivencia y más de un 5% han cerrado y declarado concurso por insolvencia, según el último barómetro de la patronal, que recomienda activar un plan de contingencia que dibuje varios escenarios de demanda y prevea una armada de medidas para responder a ellos.

Las grandes empresas ya han incorporado estos programas de choque a su día a día, no les queda otra opción tras paralizarse sus ingresos de la noche a la mañana, asegura Fernando de la Mora, director general para España y Portugal de la consultora Álvarez & Marsal, especializada en reestructuraciones. Pero las pymes son otra cosa. “Los planes de contingencia en la pequeña empresa resultan complicados de abordar porque implican estructura y recursos”, justifica Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

Las pymes están preocupadas porque la mayoría no han incorporado a la actividad al conjunto de su personal ni piensan que lo vayan a poder hacer, y “están gastándose un dineral en preparar sus oficinas y establecimientos para el nuevo escenario”, añade. Solo en mascarillas y geles hidroalcohólicos destinarán unos 800 euros mensuales por persona, analiza. El distanciamiento y el material de protección puede traducirse en un incremento del 25% de los costes de personal e impactar un 7% en los márgenes, según Álvarez & Marsal. Sin embargo, Aribayos tiene claro que la empresa que planifique, defienda su tesorería y proteja su caja saldrá reforzada de esta situación.

En abril, el 51% de las pymes iba a recurrir a los préstamos del ICO y a expedientes de regulación temporal de empleo. “El ritmo de producción de nuevo crédito se ha multiplicado por 15; solo el programa del ICO representa el 25% del total, una barbaridad”, analiza el director general de Álvarez & Marsal, para quien los 100.000 millones de euros desplegados en una medida sin precedentes no han cubierto todas las necesidades de liquidez y caja existentes, que podrían ascender a 200.000 millones.

José Saorín, al frente de la empresa de importación de celulosa y plásticos Noberplast, con 27 empleados, reconoce que ha tenido que recurrir a financiación extraordinaria para aliviar sus tensiones de tesorería, en un momento en que sus clientes no han cumplido con los pagos y sus proveedores han rebajado de 90 a 45 días el periodo de cobro. “Hemos pedido un millón y medio de euros avalado por el ICO, cuya tramitación ha sido ágil, pero lento a la hora de aportar el capital”, sostiene.

“A las pymes les está llegando ahora el dinero del ICO. Les va a permitir pagar sus deudas, pero no será suficiente para aguantar lo que queda de ejercicio”, estima el presidente de los gestores administrativos, que pide al Gobierno aplazamientos o moratorias en el pago de impuestos y nueva financiación para las pequeñas empresas. El barómetro de Cepyme señala que el 27% de las empresas que han solicitado un préstamo ICO no lo ha conseguido.

Una vez garantizada la protección de la caja, las bases sobre las que se estructura un plan de contingencia pasan por tres palancas: recortar los gastos, buscar la forma de mejorar los ingresos y encontrar soluciones financieras o nuevas estructuras de capital que permitan que la empresa salga a flote, explica De la Mora. En el primer capítulo será clave renegociar la fórmula de pago con los proveedores, aplazándola lo más posible; compartir las cargas de la inactividad con los caseros y acogerse a ERTE o reestructuraciones de personal. “No hay piedra que las empresas no estén levantando”, indica Alejandro González, responsable de private equity de la consultora.

Es lo que ha hecho el fabricante de calzado Toni Pons, con 10 tiendas propias. La compañía, explica su director general, Jordi Pons, hizo un ERTE entre los 57 trabajadores de esos establecimientos (ahora permanecen en él unos 17), redujo un 25% la jornada de los 36 empleados de la central de la empresa familiar y renegoció con distinta suerte los alquileres con los propietarios de los locales. Con la actividad reducida entre un 30% y un 70% (dependiendo de las tiendas, que suman 27 con las franquicias), Pons espera facturar entre un 20% y un 30% menos de los 17 millones alcanzados en 2019.

Por el lado de los ingresos, para garantizar la continuidad de las pymes, lo primero es adaptarse al cliente, incorporar medidas de flexibilidad y acelerar el proceso de digitalización. “Hemos avanzado tres o cuatro años en ese proceso en tan solo tres meses”, aprecia González. Utilizar la palanca del precio es otra de las vías, según De la Mora, sobre todo en aquellos negocios donde la demanda ha sufrido más, “hay que propiciar la salida de inventario vía descuentos y promociones que den pulmón a la empresa a largo plazo”.

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