El Ministerio de Industria se ha topado con un incendio tras la adjudicación de energía bonificada llevada a cabo en noviembre, la llamada subasta de servicio de interrumpibilidad para empresas que, a cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio cuando hay picos de demanda. La puja no colmó las expectativas de la metalúrgica Alcoa, que respondió poniendo sobre la mesa el cierre de dos plantas en Galicia y Asturias, con 800 trabajadores afectados, alegando que los costes eléctricos le ahogan. Ahora, el Gobierno espera realizar este mes una subasta extraordinaria, aunque en la del mes pasado ya se adjudicó el volumen de megavatios habituales.

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